La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, explicó los incumplimientos en los que incurrió la firma concesionaria de los trabajos en el Dique El Cadillal «Celestino Gelsi». Hidroeléctrica Tucumán se encuentra, por 30 años, a cargo de las obras del embalse y su mantenimiento. El año pasado, cuando se detectaron filtraciones, la Provincia realizó una subcontratación, aunque la responsabilidad seguía bajo la órbita de Hidroeléctrica. Las obras no se terminaron, por lo que la concesionaria adeuda a Tucumán $ 980 mil millones.
En declaraciones al programa «Los Primeros», la funcionaria confirmó que la Provincia se encuentra en un litigio judicial para recuperar el dinero invertido. «El pedido es que CAMMESA (proveedora mayorista de trabajos hidroeléctricos) restituya el dinero invertido por la Provincia o que se traben embargos sobre sus bienes. Lo primero no prosperó hasta el momento. El embargo de bienes no nos sirve porque CAMMESA e Hidroeléctrica tienen bajo su órbita algunos vehículos en regular estado», indicó.
Si la Provincia intenta recuperar el dinero a través del remate de los bienes de Hidroeléctrica, el panorama que se avizora es complicado, según los dichos de la fiscal. «Los bienes a nombre de la firma Hidroeléctrica o las cuentas bancarias a las que tuvimos acceso, nos muestran que no están en condiciones ni de cubrir mínimamente la deuda de $1100 millones», dijo la abogada.
Finalmente, Pedicone de Valls deslizó la posibilidad de que Tucumán se encuentre en un proceso judicial con una empresa fantasma o en retirada. «Esta es la forma en que se manejan las empresas privadas que saldrán del mercado», concluyó Pedicone de Valls.
