El presidente, Javier Milei, ha otorgado el pleno control de los fondos fiduciarios al ministro de Economía, Luis Caputo. Esta decisión, que se formalizó mediante el Boletín Oficial, ya estaba tomada antes de que el presidente convocara a los gobernadores al «Pacto del 25 de Mayo».
A través del Decreto 215/2024, Milei designó al Ministerio de Economía “como fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.
En el artículo 2° de la decisión publicada hoy en el Boletín Oficial, añadieron: “En los casos en los que el Congreso de la Nación haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del Ministerio de Economía, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado Ministerio”.
El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, “o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, en los términos de la legislación vigente, deberá realizar -dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida- una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”. Caputo podrá prorrogar este plazo “por otro similar y por única vez”.
El decreto, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, establece que el Ministerio de Economía realizará, según sea necesario, las modificaciones contractuales pertinentes para cumplir con lo dispuesto. “Los organismos y reparticiones con responsabilidad primaria en las materias involucradas en cada uno de los fondos fiduciarios objeto de la presente medida deben prestar colaboración y asistencia al Ministerio de Economía, a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones y fines del presente decreto”, precisaron.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo enfatizó la importancia de la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos. También se hizo referencia a un informe solicitado a la SIGEN sobre los fondos fiduciarios, donde se señaló que “se ha observado la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario; las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros”.
“Del mismo Informe surge la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”, señalaron y agregaron: “Se ha verificado la inacción y/o demora en las actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimientos de los beneficiarios, así como debilidades en el proceso de compras y contrataciones, falta de seguimiento y demoras no justificadas”.