La demanda del Gobierno contra el aumento desmedido de las cuotas de las prepagas sufrió un revés. La jueza en lo civil y comercial federal, Mercedes Maquieira, decidió remitir el expediente a un proceso colectivo iniciado por muchos ciudadanos comunes contra el DNU del presidente, Javier Milei.
Este decreto permitió los aumentos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Ahora, el propio Ejecutivo, que habilitó la desregulación, litigará junto a los afectados y en contra de las empresas que defienden dichas subas.
El Gobierno buscaba, a través de un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga, que se ordenara a estas compañías dejar sin efecto los aumentos desmedidos en las cuotas. Asimismo, que solo se permitieran incrementos de acuerdo a un índice que estableciera el tribunal. También pretendía la devolución de las sumas indebidamente percibidas por las empresas hasta la fecha.
La sugerencia oficial aludía a permitir subas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, varias empresas defendieron los aumentos en la causa. Cuestionaron la legitimidad de la Superintendencia de Seguros de Salud para actuar. Afirmaron que lo que el Gobierno pretendía era la derogación judicial de lo dispuesto por el DNU.
La jueza decidió remitir el caso a un proceso colectivo y solicitó a la fiscalía que opinara sobre la competencia en el caso. Maquiera sostuvo que “queda a la vista que, aun cuando la demanda no ha sido formalmente presentada como una acción colectiva, la pretensión formulada reúne todos los requisitos necesarios para ser considerada como tal”.
El fiscal, Rafael Espínola, señaló que el “análisis de tales aspectos involucra, sin margen de duda, una evaluación por parte de V.S. de los alcances de la acción en trato”. Sin embargo, no opinó al respecto, porque es “materia excluyente del Magistrado que interviene”.